Carlos Mazón bajo escrutinio por su gestión durante la DANA: nuevas revelaciones apuntan a inacción en momentos críticos
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, enfrenta crecientes cuestionamientos por su actuación durante la devastadora DANA que azotó la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024, dejando un saldo de 228 fallecidos y tres personas desaparecidas: Francisco Ruiz (64 años), Francisco Javier Vicente (56 años) y Elisabet Gil (38 años).
Comida en El Ventorro en plena emergencia
Ese día, Mazón compartió un almuerzo con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro, ubicado en el centro de Valencia. Según fuentes cercanas a Vilaplana, la reunión comenzó alrededor de las 15:00 horas y se extendió hasta las 17:45 horas. Durante el encuentro, se discutieron temas profesionales, incluyendo una propuesta para que Vilaplana asumiera la dirección de la televisión autonómica À Punt, oferta que fue rechazada por la periodista.
La factura del almuerzo ascendió a aproximadamente 160 euros, incluyendo dos menús cerrados de 75 euros cada uno, una práctica inusual en este establecimiento que no suele ofrecer menús preestablecidos.
Retrasos en la respuesta institucional
Durante el periodo crítico de la emergencia, Mazón no respondió a las llamadas de la entonces consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, quien intentó contactarlo sin éxito a las 18:30 horas. El presidente no devolvió las llamadas hasta las 19:43 horas, más de una hora después.
A las 18:28 horas, Mazón realizó una llamada vía WhatsApp al alcalde de Cullera, Jordi Mayor, quien describió la conversación como «extraña» y con un tono «festivo», impropio del contexto de una alerta roja en curso.
Eliminación de grabaciones y falta de transparencia
La Generalitat ha confirmado que las grabaciones de seguridad del Palau de la Generalitat correspondientes al 29 de octubre fueron eliminadas, amparándose en la Ley Orgánica 4/1997, que permite la eliminación de grabaciones pasados 30 días si no están vinculadas a investigaciones en curso.
Sin embargo, se han filtrado imágenes del Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) que podrían beneficiar a la defensa de Mazón, lo que ha generado críticas por parte de la oposición y colectivos ciudadanos que denuncian una gestión opaca de la crisis.
Investigación judicial en curso
La jueza Nuria Ruiz, encargada de la investigación sobre la gestión de la emergencia, ha señalado la «manifiesta pasividad» del Ejecutivo autonómico durante los momentos más críticos del desastre. Los registros telefónicos presentados ante el juzgado de Catarroja indican que Mazón no estuvo localizable en diversas ocasiones mientras aumentaba la gravedad de la DANA.
Exigencias de transparencia y rendición de cuentas
Diversas voces de la sociedad civil y partidos de la oposición exigen que se haga pública la factura completa del almuerzo en El Ventorro, así como una explicación detallada de por qué el presidente no atendió las llamadas de su consellera de emergencias en pleno despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
La falta de respuestas concretas alimenta una percepción de falta de responsabilidad institucional en un contexto en el que la ciudadanía exige rigor y compromiso. Las familias de las víctimas, los voluntarios que trabajaron en el rescate y los servicios de emergencia que actuaron en condiciones extremas merecen saber qué ocurrió durante ese periodo crítico.
Mientras la controversia política se intensifica, tres personas siguen desaparecidas desde la catástrofe: Francisco Ruiz, Francisco Javier Vicente y Elisabet Gil. Sus familias viven en una incertidumbre dolorosa y reclaman justicia y claridad.
La emergencia del 29 de octubre no solo dejó tras de sí una tragedia humana sin precedentes, sino también interrogantes que siguen sin ser resueltos. Las horas clave en las que el presidente Mazón no atendió las llamadas institucionales siguen marcadas por la opacidad y la falta de explicaciones convincentes.
La ciudadanía, los familiares de las víctimas y los profesionales que actuaron en la emergencia exigen algo simple pero esencial: verdad, transparencia y respeto a la memoria de los fallecidos.
