Familiares y ONG acusan a la Comunidad de Madrid de abandono y negligencia en residencias de mayores durante la pandemia
Durante la primera ola de COVID-19 en 2020, la Comunidad de Madrid, bajo el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, adoptó protocolos que limitaban el traslado de residentes de centros de mayores a hospitales. Esta decisión, implementada en un contexto de emergencia sanitaria, derivó en una elevada mortalidad en las residencias y generó fuertes críticas por presunta negligencia y vulneración de derechos humanos.
Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que el Gobierno regional violó los derechos fundamentales de las 7.291 personas que fallecieron a causa del virus en las residencias públicas, señalando que “fueron abandonados a su suerte”. Además, algunos familiares de las víctimas han calificado la gestión de las residencias como un “genocidio”. Estos denunciantes han llevado el caso a la Audiencia Nacional, argumentando que la falta de traslados adecuados y el trato recibido por los ancianos constituyeron una respuesta inhumana ante la crisis sanitaria.
La polémica sigue generando debate en la opinión pública y en los foros legales, mientras se continúa la investigación sobre las medidas adoptadas durante aquel crítico periodo. La discusión se centra en la responsabilidad de las autoridades y en la necesidad de garantizar, en futuras emergencias, una atención digna y efectiva para los sectores más vulnerables de la sociedad.
Paco Ciclón / AFPRESS
