«¡Enviadla de una puta vez!»
Retrasos en la alerta por la DANA generan controversia e investigación judicial en la Comunidad Valenciana
La gestión de la alerta durante la DANA del pasado 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana sigue generando un intenso debate y se encuentra bajo investigación judicial. La polémica surge tras revelarse que la alerta a la población sobre la emergencia meteorológica se retrasó más de dos horas, pese a las advertencias de los técnicos. En medio de la crisis, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, instó a las autoridades a actuar con urgencia con la frase: «¡Enviadla de una puta vez!», reflejando la gravedad de la situación y la desesperación ante la inacción.
Según informaciones recientes, los técnicos del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) recomendaron emitir la alerta alrededor de las 18:00 horas, pero esta no fue enviada hasta las 20:11, cuando muchas localidades ya estaban inundadas. En ese intervalo de tiempo, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, llegó al centro de mando aproximadamente a las 19:00 horas, lo que ha sido señalado como un importante factor en la demora en la toma de decisiones.
La tardanza en la emisión del aviso ha provocado una ola de críticas sobre la coordinación entre las instituciones encargadas de la gestión de emergencias. Muchas personas no recibieron la advertencia a tiempo y se vieron sorprendidas por las inundaciones mientras realizaban sus actividades diarias con normalidad. Las imágenes de coches arrastrados por la corriente y vecinos atrapados en sus viviendas han avivado el malestar ciudadano.
Ante la gravedad de los hechos, la justicia ha abierto una investigación para esclarecer las causas del retraso y determinar posibles responsabilidades. La oposición ha exigido explicaciones al Consell y ha solicitado comparecencias públicas para aclarar lo sucedido. Por su parte, el Gobierno autonómico ha defendido su actuación, señalando que la demora estuvo relacionada con factores técnicos y la necesidad de coordinarse con el Gobierno central.
El portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, ha calificado de «inadmisible» la falta de reacción inmediata y ha pedido una revisión urgente de los protocolos de emergencia. Desde Compromís, Joan Baldoví ha exigido «transparencia y explicaciones claras» sobre por qué no se activó la alerta con mayor celeridad.
El Gobierno autonómico ha intentado justificar su actuación, alegando que la demora se debió a factores técnicos y a la necesidad de coordinarse con el Gobierno central. Sin embargo, esta versión ha sido ampliamente cuestionada por la justicia y la oposición.
Expertos en gestión de emergencias coinciden en la necesidad de agilizar los sistemas de notificación para garantizar que la población reciba la información en tiempo real. Además, organizaciones ciudadanas han reclamado mayor inversión en tecnologías de alerta temprana y planes de evacuación más efectivos.
La tragedia del 29 de octubre de 2024 deja una lección clara: en situaciones de emergencia, cada minuto cuenta. Aunque será la investigación judicial la que determine si hubo negligencia por parte de las autoridades, lo que resulta innegable es que el máximo responsable de la Comunitat Valenciana no estuvo presente en el momento más crítico.
Raúl Velarde
