Las contradicciones de Isabel Díaz Ayuso sobre los fallecidos en residencias de Madrid durante la pandemia
La crisis sanitaria en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 sigue generando controversia. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, continúa negando cualquier responsabilidad en los más de 6.370 fallecimientos ocurridos en estos centros, a pesar de la existencia de documentos oficiales y testimonios que contradicen sus declaraciones.
Según datos oficiales, miles de ancianos fallecieron sin recibir atención hospitalaria debido a la aplicación de protocolos específicos aprobados por el Gobierno regional. Estas directrices impedían la derivación a hospitales de residentes con altos niveles de dependencia o deterioro cognitivo, lo que incrementó la mortalidad en estos centros. Investigaciones periodísticas y documentos filtrados han revelado que la Consejería de Sanidad, dirigida por Enrique Ruiz Escudero, respaldó estos protocolos, contradiciendo la versión oficial de Ayuso.
Negación de responsabilidades y contradicciones
Desde el inicio de la pandemia, Isabel Díaz Ayuso ha atribuido la crisis en las residencias al Gobierno de España, asegurando que su administración no restringió los traslados hospitalarios. Sin embargo, un informe publicado en la revista BMC Geriatrics demuestra que la restricción de derivaciones desde las residencias comenzó el 7 de marzo de 2020, una semana antes del estado de alarma, resultando en 7.291 fallecimientos.
Además, los centros de mayores enfrentaron una grave falta de recursos. Durante los primeros meses de la crisis sanitaria, las residencias madrileñas sufrieron la escasez de equipos de protección personal, pruebas diagnósticas y personal sanitario. Esta situación, sumada a la falta de protocolos efectivos, contribuyó al alto número de víctimas.
El papel de las empresas privadas en la crisis
La mayoría de las residencias en la Comunidad de Madrid son de gestión privada, un modelo que ha sido fuertemente criticado por priorizar beneficios económicos sobre la calidad del servicio. Muchas empresas redujeron costes en personal y recursos esenciales, lo que dejó a los residentes en condiciones de abandono. La falta de inspecciones adecuadas y la ausencia de planes de emergencia agravaron aún más la crisis sanitaria en estos centros.
Exigencia de justicia y reformas urgentes
Las asociaciones de familiares de las víctimas y diversas organizaciones de derechos humanos han calificado la actitud de Ayuso como un intento de encubrimiento y manipulación de la realidad. Han exigido una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos y determine las responsabilidades políticas y judiciales.
Un ejemplo de la búsqueda de justicia es la denuncia presentada por Marea de Residencias y la asociación 7.291: Verdad y Justicia, que ha llevado a la Fiscalía de Madrid a citar a declarar a familiares de más de un centenar de fallecidos en residencias durante la primera ola de la pandemia.
Este trágico episodio ha puesto de manifiesto las graves deficiencias en la atención a la tercera edad y la necesidad urgente de reformar el sistema de residencias. Expertos y familiares de las víctimas demandan una gestión más transparente, mayores controles y recursos adecuados para garantizar la dignidad y el bienestar de los mayores en cualquier circunstancia.
Raúl Velarde
