Familiares de fallecidos en residencias durante la pandemia reavivan acciones legales contra la Comunidad de Madrid
Familiares de fallecidos reabren procesos legales contra la Comunidad de Madrid por la gestión de residencias en la pandemia
Durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, entre marzo y abril de 2020, la Comunidad de Madrid registró la muerte de 9.470 residentes en centros de mayores, de los cuales 7.291 fallecieron sin ser trasladados a hospitales. Este trágico episodio, que supuso que el 77% de las víctimas murieran en las propias residencias, ha impulsado a los familiares de las víctimas a emprender nuevas acciones legales contra las autoridades regionales.
Denuncias colectivas y casos reabiertos
En octubre de 2024, familiares presentaron una denuncia colectiva ante la Fiscalía de Madrid, acusando a altos cargos del Gobierno regional de denegar asistencia sanitaria a los ancianos en residencias durante la primera ola de la pandemia. Según los denunciantes, la aplicación de protocolos específicos impidió el traslado hospitalario de miles de mayores, privándolos de atención médica adecuada.
En un caso específico, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó en enero de 2025 reabrir una investigación sobre la muerte de una residente en Griñón. La hija de la fallecida interpuso una querella contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso y varios exconsejeros, alegando que las decisiones del Gobierno regional condujeron a la omisión del deber de socorro. Entre los delitos señalados en esta querella figuran homicidio imprudente y negligencia.
Resoluciones judiciales previas y nuevas acciones
En junio de 2024, el Tribunal Supremo archivó una denuncia penal contra Díaz Ayuso al no encontrar datos concretos que relacionaran directamente las decisiones del Gobierno regional con los fallecimientos. Por su parte, en noviembre de 2022, un juez dictaminó que, durante la crisis sanitaria, la gestión de las residencias correspondía al Estado debido a la normativa especial aprobada en ese periodo.
Sin embargo, los familiares de los fallecidos insisten en que las decisiones tomadas durante los momentos más críticos de la pandemia no solo deben esclarecerse, sino que los responsables deben rendir cuentas. Para ellos, las cifras oficiales no solo representan datos estadísticos, sino miles de vidas que no recibieron la atención necesaria en circunstancias extremas.
Un reclamo constante de justicia
El caso de las residencias en Madrid sigue siendo un punto de debate y preocupación social. Mientras las resoluciones judiciales abren y cierran puertas, los familiares de las víctimas continúan buscando justicia, exigiendo transparencia y respuestas sobre la gestión de la pandemia en los centros de mayores. Este movimiento refleja el dolor persistente de quienes perdieron a sus seres queridos y no se sienten satisfechos con las explicaciones oficiales.
