El «apagón» en el CECOPI durante la DANA de octubre reaviva el debate sobre la gestión de emergencias

El «apagón a negro» en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) ocurrido el 29 de octubre de 2024, durante la DANA que azotó la Comunidad Valenciana, ha levantado una fuerte polémica. La interrupción de la reunión telemática entre las 18:00 y las 19:00 horas, según declaró la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dejó sin acceso a discusiones clave a entidades como la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Este hecho ha suscitado dudas sobre la eficacia de la coordinación en un momento crítico para gestionar la emergencia climática.

Según fuentes del Gobierno central, la situación de riesgo de la presa de Forata y las alertas hidrológicas por el desbordamiento de varios ríos, incluido el barranco del Poyo, ya se conocían desde las 17:00. Pese a ello, la Generalitat Valenciana justificó la interrupción como un receso necesario para reorganizar las operaciones. Sin embargo, el hecho de que la alerta masiva ES-Alert, utilizada para advertir a la población, no se activara hasta las 20:11, ha generado críticas. Expertos en emergencias consideran que este retraso pudo haber puesto en riesgo a los ciudadanos, dado que las condiciones extremas eran evidentes desde horas antes.

Durante este intervalo, los informes revelan que las discusiones en el CECOPI se centraron en evaluar medidas como desalojos preventivos o el envío de mensajes de confinamiento. La ministra Ribera y otros funcionarios apuntaron que las alertas para tomar decisiones críticas estaban disponibles, pero no se actuó con la rapidez necesaria. Por otro lado, la Generalitat ha señalado que la información recibida sobre la presa de Forata a las 18:55 indicaba un posible empeoramiento de la situación, lo que motivó la activación tardía de la alerta.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aseguró que el retraso en la emisión de la ES-Alert obedeció a información insuficiente proporcionada por el Gobierno central. Mientras tanto, el Ministerio de Transición Ecológica insiste en que la gravedad de la situación se comunicó desde las primeras horas de la tarde, señalando posibles fallos en la gestión local de la emergencia.

Este incidente ha desatado un cruce de acusaciones entre el Gobierno central y el autonómico, además de abrir un debate más amplio sobre los protocolos de actuación en situaciones de crisis climáticas extremas. Analistas y expertos han señalado la necesidad urgente de establecer un sistema más claro y eficiente que garantice respuestas rápidas y coordinadas.

Además, colectivos ciudadanos y asociaciones ambientales han solicitado la realización de una auditoría independiente para esclarecer lo sucedido y proponer mejoras en los mecanismos de respuesta ante emergencias. Este llamado cobra relevancia dado el aumento de eventos climáticos extremos, que exigen no solo planes de prevención efectivos, sino también protocolos de comunicación y decisión ágiles en escenarios de alta presión.

Paco Ciclón/AFPRESS