Las declaraciones de Ayuso sobre la muerte de ancianos en las residencias de Madrid durante la pandemia han reavivado la polémica
Durante los momentos más críticos de la pandemia del coronavirus en la Comunidad de Madrid, los escritos policiales registraban signos alarmantes de lo que describían como «abandono por parte de las instituciones». Entre los informes se incluían relatos angustiosos de ancianos falleciendo en condiciones desoladoras, algunos deshidratados y asfixiados, sin recibir los cuidados paliativos adecuados.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reavivado la polémica al justificar su negativa a trasladar a los mayores desde las residencias a los hospitales en los primeros compases de la crisis sanitaria. Ayuso argumentó que la tasa de mortalidad entre los ancianos contagiados de covid-19 era similar tanto si eran trasladados a centros hospitalarios como si permanecían aislados en las residencias de ancianos. Más de 7.000 personas mayores perdieron la vida en las residencias sin haber sido derivadas a hospitales.
«Había muertos en todas partes; en las casas, en los hospitales, en las residencias…», afirmó Ayuso en su defensa durante una intervención pública. Sus declaraciones provocaron un fuerte revuelo, especialmente después de que la parlamentaria de Más Madrid, Manuela Bergerot, criticara que el gobierno de Ayuso ocultara los informes policiales sobre las inspecciones a las residencias durante la fase inicial de la pandemia.
Bergerot cuestionó directamente las acciones de Ayuso, alegando que los protocolos implementados por su administración contribuyeron a la muerte de miles de personas mayores sin la oportunidad de recibir atención hospitalaria. Este reproche desató un debate público sobre la responsabilidad y la transparencia en la gestión de la crisis sanitaria en las residencias de ancianos.
A lo largo de la primera ola de la pandemia, al menos cinco residencias de mayores solicitaron ayuda a la Comunidad de Madrid. Sin embargo, los informes policiales detallaban un patrón de abandono institucional en lugar de una respuesta efectiva. A pesar de esto, algunas de estas actas policiales permanecen ocultas al público, ya que el gobierno madrileño ha optado por no divulgarlas.
En un giro controvertido, el Gobierno de Ayuso ha tomado medidas legales para impugnar una orden emitida por el consejo de transparencia de la Comunidad de Madrid, que exigía la divulgación de dichos informes. Además, se han implementado cambios en la ley para reducir la autonomía de este organismo y limitar su capacidad para aplicar sanciones.
Este último desarrollo ha desatado críticas y ha generado preocupación entre los críticos del gobierno regional, quienes temen que la falta de transparencia pueda socavar la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones públicas.
Foto.: RTVE
