COESPE Comunicado sobre pensiones por incapacidad

Una parte de compañeras y compañeros pensionistas, encuentran dificultades en hacer visible su lucha, una lucha por una vida digna y que está llena de sufrimiento e impotencia, agravada además por la pandemia.

Nos estamos refiriendo a las personas que reciben pensiones por incapacidad. Esta dura lucha comienza con el descubrimiento de una grave enfermedad, o a resultas de un accidente laboral a edades tempranas y muchas veces sin cumplir los años de cotización necesarios para la obtención de una prestación contributiva lo que los conduce a la marginalidad.

Ya es duro asumir en esas edades la limitación de capacidades e incluso la pérdida total de alguna, cuando además toca armarse de valor, paciencia y dinero para hacer que la administración pública lo reconozca. Empezaremos por las Mutuas, que sistemáticamente deniegan y no reconocen ninguna enfermedad profesional, ni los accidentes que les anula la capacidad para desempeñar una tarea. Comienza así una carrera de fondo en la que se unen las enfermedades comunes y otros accidentes, por hacer que se reconozcan sus derechos, más de la mitad de los expedientes serán rechazados por la administración cuya demora como consecuencia de la pandemia, superara el año de espera.

Por el camino habrán padecido la impotencia, la sensación de abandono, el esfuerzo económico que lleva aparejado y en muchos casos hay que sumar la contratación de un abogado y un médico forense para ganar en un juicio lo que a todas luces era lo natural, y que deja en entredicho el trabajo de los tribunales médicos, que olvidan su juramento hipocrático atendiendo a criterios económicos.

Al fin hemos conseguido que se nos reconozca esa invalidez, y aquí aparecen varios escenarios debido a la simplificación administrativa de la gran diversidad de casos de las personas con invalidez y al esfuerzo de la misma por conceder siempre la de menor coste económico.

Hay que tener en cuenta que una pensión alta no tiene por qué cubrir las necesidades de las personas con gran invalidez o incapacidad absoluta que por sus patologías tienen grandes necesidades y en muchas ocasiones la prestación es insuficiente.

De todos los afectados casi un millón, un tercio perciben una pensión media de 682€ que en muchos casos no les llega a cubrir sus necesidades más primarias y agravado con la posibilidad de revisiones periódicas que ensombrecen su futuro cercano sobre todo esas personas con patologías crónicas y degenerativas cuya enfermedad no son susceptibles de mejora.

Para el colmo de males nuestros compañeros y compañeras, que debido a no cumplir con los requerimientos para obtener una prestación contributiva están condenados a una pensión no contributiva y cuyo importe no llega a los 450€ y que afecta casi a doscientas mil personas. Por lo tanto, son casi quinientos mil los compañeras y compañeras que además de soportar una enfermedad, tienen que luchar con la pobreza          de las prestaciones que reciben   ante la indiferencia de las administraciones y la invisibilidad social.

COESPE exige que la pensión mínima sea igual al salario mínimo y este igual al 60% del salario medio, es decir 1.080€, tal y como exige la carta social europea a la que España está adherida con ello evitaríamos el sufrimiento a millones de pensionistas del estado.

Tenemos tantas razones para estar en MADRID EL 16 DE OCTUBRE en la manifestación, que lo difícil será encontrar una para quedarnos en casa.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS SE DEFIENDEN

COES