La Manga del Mar Menor: ¿paraíso de sol o Infierno de ladrillo?

La web de turismo de la Región de Murcia presenta La Manga del Mar Menor como “un paraíso entre dos mares” que “hace las delicias” de los turistas que lo visitan. Una postal idílica con carácter publicitario que, de no ser por la hipertrofia desarrollista y la mala gestión del urbanismo, podría corresponderse, aún hoy, con la realidad.

A finales de los años 50, La Manga del Mar Menor era solo una restinga. Un trozo de tierra virgen de 20 kilómetros de largo, 500 hectáreas de superficie seca, poco accesible y solo útil para la extracción de sal y la pesca intensiva. Pocos años después, de mano del franquismo desarrollista, el perfil de La Manga cambió para siempre. Hoy, esta zona de la costa murciana es el motor principal del turismo de sol y playa de la región, con un 56% de la cuota total de visitantes. 252 urbanizaciones, 59 establecimientos hoteleros, alrededor de 1.100 apartamentos turísticos, 95 cafeterías y más de 350 restaurantes, tres puertos, 12 conjuntos de instalaciones deportivas, ocho instalaciones termales… La Manga está muy lejos de parecerse a la antigua restinga de arena.

Este desarrollismo urbanizador ha dado pie a problemas medioambientales, como la desaparición de dunas y playas naturales, la desecación de lagunas, los continuos dragados, la eliminación de valores paisajísticos y la pérdida de biodiversidad o incluso la alteración de las condiciones ambientales originales del Mar Menor, como la salinidad.

60 años de modelo turístico

El caso de La Manga del Mar Menor es un ejemplo paradigmático del modelo turístico descontrolado que el franquismo instaló en la costa española de manos de Manuel Fraga. En 1956, la autarquía había llevado a España a la ruina económica. Para evitar la bancarrota, el régimen dio paso a los llamados ‘tecnócratas’. Con esta mentalidad de perfil técnico ocupando el gobierno, el Plan de Estabilización de 1959 marcó el inicio de una fiebre aperturista que tuvo entre sus objetivos la caza de divisas extranjeras que aliviaran las cuentas del Estado. La liberalización del comercio atrajo inversión externa y el turismo se perfiló como un sector clave en la recuperación.

Una de las herramientas diseñadas para apuntalar el crecimiento fue la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional de 1963. Salvador García Ayllón, profesor de Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica de Cartagena, ha estudiado la llegada del turismo de masas y el desarrollo urbanístico. “Esta ley creó un sistema de planificación territorial propio al margen de la mismísima Ley del Suelo de 1956”, explica. Las ventajas eran tales que incluso los planes generales de ordenación urbana preexistentes estaban obligados a adaptarse a las necesidades de los centros turísticos. Reducción de impuestos, un régimen fiscal especial y preferencia en créditos oficiales eran algunas de las ventajas de excepción que se daban para la construcción en estas zonas. Así, localidades antes dedicadas a la agricultura o la pesca se convirtieron en focos de peregrinación vacacional. El turismo de sol y playa comenzaba a engordar. Según cifras del Ministerio de Información y Turismo, el número de visitantes a España creció de 8,6 a 34,5 millones entre 1962 y 1973.

“La aparición de enclaves como Benidorm, Marbella, Campoamor, Torremolinos, Roquetas o Sotogrande, convertidos en enormes sumideros del reciente turismo de masas, modificó la fachada litoral nacional, que pasaría a convertirse en el gran polo de crecimiento económico del país”, señala García Ayllón. Un crecimiento que tuvo su coste. La obsesión por el ‘más’ sin pautas ni códigos quedó reflejada en el complejo murciano de La Manga del Mar Menor. Más de 50 años después, las huellas del ‘turismo de Franco’ siguen estando latentes.

Como señala el doctor Francisco José Morales en la revista Estudios Geográficos, “el patrimonio natural y ecológico de La Manga no ha sabido preservarse (…), ha estado sometido en los últimos 50 años a un desarrollo urbanístico tan intenso, poco planificado y especulativo, que ha dado como resultado una transformación intensiva del paisaje”. En su artículo, Morales recoge que el municipio de San Javier, al que pertenecen 15 de los 19 kilómetros de La Manga, presenta un índice de 1,88 viviendas por habitante, el más alto de la Región de Murcia. Cartagena y San Javier —los dos municipios de los que depende La Manga— fueron en 2017 el segundo y cuarto municipio de la Región en cuanto a número de unidades urbanas. En el caso de San Javier es especialmente significativo, ya que solo ocupa el décimo puesto en número de habitantes. Estos datos muestran el peso del turismo de sol y playa en la organización urbanística de Cartagena y San Javier, que se traduce en una diferencia poblacional entre los meses estivales y de temporada baja que llega a alcanzar el 2.500%.

La investigadora de Ciencias Ambientales Gema Marco destaca que, de 1986 a 2016, la superficie urbana del entorno del Mar Menor aumentó en casi 6.000 hectáreas, localizadas principalmente cerca de la costa en los municipios de San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares. Todo ello con el consiguiente deterioro medioambiental, reflejado por ejemplo en la desecación de espacios lagunares para uso urbanístico, el deterioro de las Salinas de Marchamalo o la pérdida en 2017 de las 19 banderas azules con las que contaban las playas de la laguna.

DE TROZO DE TIERRA A PROYECTO MILLONARIO

En 1958, el abogado con vocación de promotor inmobiliario Tomás Maestre Aznar se hace con los terrenos de la zona norte de La Manga, propiedad de su tío Tomás Maestre Zapata. Tras años de litigios, el resto de familiares y pequeños propietarios también vende sus terrenos, como el empresario Francisco Celdrán, a quien Maestre compró la zona sur por 10 millones de pesetas a través de la Compañía Urbanizadora Nuestra Señora del Mar Menor (Urmenor), empresa propiedad de Maestre y su primo José Luis Rubio.

En 1961, Maestre comienza a trabajar en un proyecto que contó con el apoyo de los ayuntamientos de San Javier y Cartagena, a los que pertenece La Manga, y la Delegación de Turismo en Murcia. La oposición de la Diputación Provincial no tuvo nada que hacer frente al empujón definitivo que supuso la visita, a principios de 1963, del ministro de Turismo, Manuel Fraga. En lo alto de El Pedrucho, un promontorio en mitad de la zona, Fraga exclamó: “¡Esto va a ser un proyecto maravilloso!”. La apertura de España al exterior fue el contexto perfecto para el plan de Maestre Aznar. “Su situación ofrecía una materia prima ideal para el boom turístico inmobiliario que preparaba el Gobierno”, señala García-Ayllón. “El compromiso adquirido por el ministro Fraga permite al empresario arrancar el proyecto sin necesidad de disponer de la declaración como centro turístico”, continúa.

El vacío legal en cuanto a planeamiento urbanístico que afectaba a la zona sur de La Manga, perteneciente al municipio de Cartagena, fue clave a la hora de iniciar su transformación. “Maestre iniciará el proyecto sin ni tan siquiera tener regularizadas las autorizaciones urbanísticas. Los municipios españoles se encontraban aún en fase de adaptación a la Ley del suelo de 1956, así que a Maestre no le fue difícil empezar a edificar antes de constituirse el trámite urbanístico reglado”. El promotor comenzó a su vez la construcción de un entramado de sociedades inmobiliarias de la mano de su primo, José Luis Rubio, que se unieron a la ya exisente Urmenor y se encargaron del impulso urbanístico de La Manga: Puertomenor SA se dedicó al desarrollo del puerto deportivo Tomás Maestre; Potamenor SA, al abastecimiento de aguas. Otras empresas creadas por Maestre fueron la Compañía Urbanizadora de la Ribera Sur del Mar Menor (Ribenor SA) o la Compañía de Iniciativas Turísticas de La Manga del Mar Menor (Turmenor SA).

Entre 1966 y 1968, la Hacienda de La Manga de Cartagena y la Hacienda de La Manga de San Javier fueron aprobadas como centros de Interés Turístico. Gracias a sus contactos en los círculos franquistas, el joven promotor consiguió que La Manga pasase a ser beneficiaria de créditos blandos del Estado por más de 11.000 millones de pesetas entre 1966 y 1975. El negocio estaba hecho: los créditos del Estado le permitían invertir en infraestructuras y equipamientos, inversión que luego recuperaría vendiendo los solares al contado y los hoteles ya construidos a las cadenas hoteleras que se encargarían de explotarlos. “Las empresas de Maestre empiezan a inaugurar edificios que todavía no saben cómo van a pagar, pues funcionan todas a crédito”, explica García-Ayllón.

A esto se añadió una estrategia de promoción diseñada por el propio Maestre, que invitó a visitar la zona a personalidades influyentes como Fraga, el banquero Claudio Boada y artistas como Marujita Díaz o Concha Piquer. Se rodaron películas con Julio Iglesias (La vida sigue igual, en 1969) y Manolo Escobar (En un lugar de La Manga, 1970), se dio la salida a la Vuelta Ciclista a España en 1966, y el aeropuerto de San Javier —hasta entonces militar— se abrió a vuelos comerciales. La imagen de Maestre era la de un empresario valiente que sacó provecho a un trozo de tierra inútil. Una imagen que funcionó. Según datos del Gobierno Regional, a principios de los años 70, La Manga experimenta un aumento de su población global del 37,6%. Y la cifra ha seguido creciendo: según datos del INE, de 2000 a 2018 se incrementó un 73,10% al llegar a los 4.260 habitantes.

SUEÑO ARQUITECTÓNICO HUNDIDO

A pesar de la anarquía urbanística que afecta hoy a La Manga, los condicionantes únicos del proyecto atrajeron en sus inicios a la vanguardia de la arquitectura. “Hasta los años 90, La Manga albergaba el único reducto de la arquitectura española del siglo XX de toda la Región de Murcia. Solo en La Manga se concentraron obras de Corrales y Molezún, Bonet, Garrido, Fullaondo…”, cuenta García Ayllón. Edificaciones que ahora están perdidas o alteradas.

Tomás Maestre escogió para dar forma a sus planes al arquitecto catalán Antonio Bonet. Bonet había trabajado con Le Corbusier y su colaboración era una garantía de calidad. “Bonet orienta el plan hacia un entorno elitista con una población máxima de unas 70.000 personas. Es una apuesta para situar a España en la vanguardias urbanísticas y arquitectónicas europeas con una ambición modernista, innovadora, exclusiva y esnob”. Por paradójico que parezca, viendo la configuración actual de la ciudad, el arquitecto demostró una “voluntad de preservar los valores naturales del paisaje al plantear una ocupación discontinua del territorio, concentrando la edificación en clusters de viviendas y equipamientos organizados alrededor de torres de 21 plantas”.

Entonces, ¿por qué se desvirtuó el proyecto Maestre-Bonet? La crisis mundial del petróleo de los años 70 tuvo su réplica en España. La inflación llegó al 25%, y el paro alcanzó las 900.000 personas en 1977, año en el que se importaba un 66% de la energía que consumía España. “Se asiste a una caída del PIB inversamente proporcional al crecimiento de la deuda”, apunta García-Ayllón. Esta coyuntura generó una restricción presupuestaria que acabó con la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional. “La caída del núcleo tecnócrata del Opus Dei facilita el desmantelamiento de las subvenciones públicas en la costa”. El chollo de los préstamos públicos se acababa y, con él, el de Maestre, que tuvo que recurrir a la inversión privada de bancos y socios constructores.

Con un tipo de interés en el umbral del 20% y sin apenas liquidez, Maestre pone a la venta los terrenos pendientes de urbanizar, llegando incluso a pagar a los subcontratistas con parcelas. La titularidad se desmiembra entre pequeños trabajadores, como fontaneros y albañiles, y les convierte en promotores inmobiliarios que buscan ganancias a corto plazo urbanizando de la manera más rentable, lo que no era compatible con el Plan Director de Bonet. Como explica García Ayllón, “el planeamiento de Bonet terminó por deshilacharse en un reino de taifas donde cada pequeño promotor empezó a hacer un proyecto por su cuenta, en muchas ocasiones sin los fundamentos técnicos más básicos”. Así, el modelo de turismo de ‘alto standing’ vislumbrado por Maestre y Bonet acabó por invertirse hacia un turismo de masas. La cifra máxima de 70.000 personas establecida por el arquitecto quedó en el papel, y La Manga está llegando a acoger en ocasiones a casi 300.000 turistas, según cálculos de García Ayllón.

corrupción y burguesía

Otro de los ingredientes fue la transferencia de poderes a las autonomías con la llegada de la democracia y el vacío de control en materia urbanizadora. Las comunidades autónomas adquirieron las competencias de urbanismo, antes dependientes del Estado, pero la ejecución de autorizaciones y licencias de obra era gestionadas por los ayuntamientos. “Hasta que el traspaso tomó forma, hubo un vacío legal y una ausencia de actuación por parte del Estado y la comunidad autónoma”, explica García-Ayllón. “La responsabilidad de vigilancia y control urbanístico se delegó fundamentalmente a los ayuntamientos, que ven en la construcción la gallina de los huevos de oro. La burguesía inmobiliaria era gente local con contactos en las estructuras municipales, mucho más permeables a la corrupción”, añade.

Para cuando la comunidad autónoma despierta, los promotores ya tenían demasiado poder. En 1988, los intereses urbanísticos llevaron incluso a la creación de un grupo de presión formado por promotores para hacer frente a la moratoria urbanística que quería implementar el gobierno regional del socialista Carlos Collado, que suponía la suspensión de 25 licencias urbanísticas. Además, el Congreso había aprobado la Ley de Costas de 1988, que declaraba “dominio público no urbanizable” los cien metros de costa desde la línea del mar. El conflicto entre promotores, comunidad autónoma y los ayuntamientos de Cartagena y San Javier estaba asegurado.

Las empresas ligadas a la promoción y construcción inmobiliaria de La Manga del Mar Menor constituyeron la Asociación de Promotores Turísticos Club Costa Cálida La Manga como grupo de presión frente a la iniciativa política de Collado. Como recoge Diario de La Manga, el club formó un holding de 15 empresas para lanzar una oferta pública de adquisición (opa) contra los propietarios de terrenos para así ganar peso en las negociaciones con la Administración. La opa no llegó a materializarse, pero el holding puso en marcha una agresiva estrategia de comunicación que infló su poder. Javier Gea, gerente del club, lo contaba en una entrevista en 2004: “Trajimos actores, obras de teatro, hicimos Miss España… terminamos solucionando todos los permisos, se pudo negociar y el gobierno no pudo aguantar con la presión mediática”.

En 1989 la moratoria de Collado fue anulada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Por su parte, la línea de edificabilidad en zonas incompatibles con la Ley de Costas se movió hacia el interior y se limitó la altura máxima, remedio que acabó siendo peor que la enfermedad. “Las construcciones se multiplicaron y ensancharon en planta, creando el potente impacto visual actual que hace que haya tramos en los que el visitante circula por el viario central sin poder ver el mar”, lamenta García-Ayllón. Lo que podría haber sido un punto de inflexión termina desinflándose y el valor de La Manga como producto turístico comienza a caer. “Se genera un malestar social, grandes colas y atascos en verano, los comerciantes y hosteleros se quejan de la estacionalidad…”. Y de ahí hasta hoy. En 2019, La Manga es un territorio ya maduro, “por no decir terminado”, puntualiza García-Ayllón. “Prácticamente el 100% de su territorio es suelo urbano, estando tan solo pendientes de edificar algunas parcelas”, apunta. Una sobreurbanización que ha tenido consecuencias también en lo medioambiental.

El doctor en Geografía e Historia Francisco José Morales señala la capacidad de carga inicial de la zona, no más de 30.000 personas. En los meses estivales la población supera las 100.000 personas, generando “problemas de sostenibilidad y calidad de la gestión ambiental, además de peligrosidad en caso de una urgente evacuación”, afirma Morales. La consecuencia más visible del urbanismo sin control ha sido la desaparición de playas. “La orilla del mar se ha quedado en algunas zonas a menos de un metro de las construcciones, prácticamente privatizando estos sectores de playa para propietarios que tienen su vivienda en primera línea”.

Especialmente destructiva fue la desecación de espacios lagunares como la bahía de El Vivero, que constituía un lugar para el desove y la cría de especies como la dorada, la lubina y el mújol. Morales señala que, desecándolas, “se podían justificar los límites establecidos por la ley para el inicio de construcciones que pudieran cumplir la normativa de estar a más de cien metros de la línea de costa”. También se han perdido espacios pesqueros como la Gola del Charco, el Ventorrillo o la Encañizada.

Las Salinas de Marchamalo, protegidas como Humedal de Importancia Internacional, LIC, ZEPA, ZEPIM, y el paisaje protegido Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor se encuentran en un estado de abandono que se muestra en la desecación de las charcas y la acumulación de sales, sedimentos y residuos. Además, nueve de sus 19 charcas han sido urbanizadas. Como recoge la arquitecta Paloma de Andrés, que ha diseñado un proyecto para la recuperación de la actividad salinera, “la presión urbanística ha hecho que se ocupen zonas de las salinas para equipamientos como el polideportivo de Playa Paraíso, situado en un terreno que fue parte de las salinas. Las instalaciones se encuentran en completo abandono, llegando éstas a rozar la ruina”, dice.

¿ESTÁ MUERTO EL SUEÑO BONET?

Desfigurado el proyecto de Bonet, queda adaptar La Manga de hoy a las nuevas exigencias medioambientales y sociales. El proyecto encargado de esta adaptación es la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) La Manga 365, cofinanciada por la Unión Europea con 15 millones de euros de fondos FEDER y por la comunidad autónoma con 3,75 millones de euros. El arquitecto Enrique Mínguez Martínez ha sido el encargado de diseñar el proyecto. “La Manga se ha convertido en un entorno turístico prematuramente maduro, un modelo de sol y playa sobreexplotado”, explica. “Se ha generado un tejido urbano colmatado y desequilibrado, en el que la playa debe suplir la necesidad de espacios de relación de residentes y visitantes”, continúa. Para Mínguez, revertir el modelo pasa por reequilibrar la densidad de población, priorizar al peatón y al transporte público, mejorar la sostenibilidad y controlar la estacionalidad. “Algunos piensan que hace falta construir más porque La Manga está vacía en invierno, pero este proyecto parte del paraíso que se encontraron Maestre y Bonet. No se puede demoler La Manga, pero sí reequilibrarla”, señala el arquitecto. Las primeras acciones ya han comenzado, con carriles bici, paseos marítimos, senderos ornitológicos y playas con servicios telemáticos. No obstante, la nueva construcción continúa.

El año pasado, el Ayuntamiento de Cartagena aprobaba el proyecto Los Flamencos, que consta de 130 viviendas en la zona sur de La Manga. Detrás del proyecto está la promotora Urbincasa, una de las empresas fundadoras del Club Costa Cálida y, como escribe José Luis Domínguez, director de Diario de La Manga, “una empresa inmobiliaria con una larga tradición en Cartagena gracias a los estrechos vínculos que sus fundadores han mantenido siempre con el poder político”. Domínguez se refiere a Diego Zamora, fundador y propietario de Licor 43, que en 1973 hizo la cuarta compra más importante de terrenos en La Manga —adquiriéndoselos a Tomás Maestre por 59,7 millones de pesetas— y que en 1977 figuraba como máximo accionista de Urbincasa. Zamora fue concejal del Ayuntamiento de Cartagena durante la dictadura franquista y, según las investigaciones de Domínguez, “logró a precios irrisorios unos terrenos que en el Plan de Urbanismo de Cartagena de los años 70 estaban catalogados como zona verde y, por lo tanto, no edificable”. Hoy, Urbincasa pertenece a la familia Restoy, accionista del grupo Diego Zamora y descendientes del fundador de Licor 43.

nuevas construcciones

La licencia para la nueva construcción de Urbincasa en La Manga llega un año después de la aprobación, en febrero de 2017, por parte de la Asamblea Regional, de la moratoria urbanística para proteger el Mar Menor, una protección sin carácter retroactivo que permite la continuación de proyectos ya aprobados o en fase de tramitación, como Los Flamencos. El abogado Eduardo Salazar es miembro de la plataforma Pacto por el Mar Menor, formada por socios individuales y organizaciones sindicales, ecologistas y culturales que trabajan por la conservación de esta zona. Para Salazar, se han aprobado leyes insuficientes, como la Ley de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor de 1987, las Directrices de Ordenación del Litoral —que “incentivaron los aspectos más agresivos del modelo urbanístico y turístico intensivo”, señala— y una Ley del Suelo de la Región de Murcia permisiva con el desarrollo urbanístico. El abogado se lamenta de que “la falta de voluntad política ha impedido la existencia de una normativa contundente que regule el suelo en el Mar Menor” y subraya que, a pesar de que la legislación medioambiental está por encima de la urbanística, “se tratan como universos paralelos y no se tiene en cuenta a la hora de planificar urbanísticamente”.

estado de la cuestión

En 2015, la Asamblea Regional creó, a iniciativa de Podemos Región de Murcia, una Comisión Especial sobre el Mar Menor con el fin de estudiar la situación de esta zona. Cuatro años después de su creación, María Giménez, integrante de la comisión por parte de Podemos, tiene una sensación agridulce. “Hemos conseguido que el medio ambiente y el Mar Menor sean temas de primer nivel en la política regional, generar conciencia social y crear una plataforma para la comparecencia de sociedad civil, funcionarios, políticos… Pero está un poco empantanada”, afirma Giménez. “Deberíamos haber llegado a propuestas políticas más contundentes, pero aquí se juega con los equilibrios de mayorías y minorías, y, a veces, se intenta ralentizar su funcionamiento. Tenemos que buscar más vías políticas. El Parlamento no siempre es la solución”, concluye.

Ni Franco, ni los tecnócratas, ni Tomás Maestre pueden valorar la herencia que sus decisiones han dejado en la restinga de arena murciana. Como dice Julio Iglesias en la canción que da nombre a la película que grabó en La Manga, “al final las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán… la vida sigue igual…”.

 

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Fuente.: elsaltodiario.com