La Policía Nacional ha detenido a tres personas y ha intervenido más de 500.000 productos caducados dispuestos para ser distribuidos

En tres naves industriales de la localidad de La Nucía (Alicante)

• Localizadas la naves se dispuso un amplio dispositivo multidisciplinar en el que participaron Agentes de las diferentes brigadas de la Comisaría de Policía Nacional de Benidorm, agentes de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Valenciana, Inspección de Trabajo de Alicante, Salud Pública de Benidorm, Policía Local de La Nucía y funcionarios de la Inspección de Urbanismo del Ayuntamiento de La Nucía

• Adquirían a un precio muy por debajo de mercado productos alimentarios y bebidas con fecha de caducidad muy próxima a caducar, borraban las fechas de caducidad utilizando líquidos disolventes y les grababan una nueva con una serigrafiadora o añadiendo una pegatina             

29-marzo-2021.- Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Benidorm han detenido a tres personas y han intervenido más de 500.000 productos alimenticios caducados a los cuales les habían cambiado de forma irregular la fecha de caducidad para presuntamente ser distribuidos y vendidos a los consumidores finales.

La Operación Policial desarrollada por agentes del Grupo 5 de la Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm tuvo su inicio en dos informaciones facilitadas a finales del año 2020.

Por un lado, la Unidad de Participación Ciudadana de la mencionada Comisaría recibió un aviso sobre la comercialización de productos por parte de un distribuidor con la fecha de caducidad vencida, tratándose de productos de una conocida marca de bebidas carbonatadas y de otra de chocolates.

En el mismo sentido y en el marco de los convenios de colaboración establecidos entre ambos Cuerpos, se recibieron varios informes de la Policía Local de Benidorm sobre diversas actuaciones en locales de esta ciudad, describiendo nueve establecimientos en los que se habían encontrado productos alimenticios caducados a la venta, procediendo inmediatamente a la inmovilización de los mismos.

Con estas informaciones los agentes de la Policía Judicial de Benidorm realizaron las primeras pesquisas, estableciendo dispositivos de vigilancias y seguimientos discretos para conocer cual era la empresa que suministraba estos productos a los comerciantes de la zona. Una vez ubicada la nave de la empresa de distribución se continuaron con las gestiones esta vez para conocer el entramado comercial de la misma.

De esta forma los investigadores descubrieron que se trataba de cuatro mercantiles y que existían otras dos naves más en el mismo polígono industrial en el que se recepcionaba mercancía proveniente de Rumania, Polonia y Turquía, entre otros países. Naves que operaban sin estar dadas de alta y sin la autorización necesaria para llevar a cabo este tipo de actividad, colaborando en la investigación el Ayuntamiento de La Nucía (Alicante).

Con toda la información recopilada en la investigación se dispuso un amplio dispositivo multidisciplinar en el que participaron Agentes de las diferentes brigadas de la Comisaría de Policía Nacional de Benidorm, agentes de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Valenciana, Inspección de Trabajo de Alicante, Salud Pública de Benidorm, Policía Local de La Nucía y funcionarios de la Inspección de Urbanismo del Ayuntamiento de La Nucía.

En el desarrollo de este dispositivo se produjo la inspección de las tres naves industriales, incautando e inmovilizando mas de 500.000 productos alimentarios y bebidas, llevando a cabo diferentes expedientes sancionadores con un montante de más de 120.000 euros de sanción y localizando a tres trabajadores de nacionalidad pakistaní que se encontraban en situación irregular y que fueron detenidos.

El modus operandi de la organización

Tras los registros los agentes pudieron cerciorarse del modus operandi de la organización. Primero adquirían a un precio muy por debajo de mercado productos alimentarios y bebidas con fecha de caducidad muy próxima a caducar.

Una vez los productos en una de las naves fantasmas, los empleados borraban las fechas de caducidad utilizando líquidos disolventes y posteriormente utilizaban dos métodos, o bien añadían la fecha de caducidad que la organización acordaba, grabándolos con una serigrafiadora industrial, para posteriormente en otra máquina industrial llevar a cabo el empaquetado final del producto o bien añadían a cada producto una pegatina normalizada, lo cual otorgaba a criterio del consumidor final la legalidad del producto distribuido.

La investigación continúa abierta y debido a la gran cantidad de documentación hallada se ha conseguido identificar plenamente a los titulares de la empresa que explotaba las naves, una pareja de nacionalidad pakistaní y española. Los agentes siguen las gestiones para comprobar si los implicados pudieran ser autores de los delitos contra los trabajadores o contra la Hacienda Pública.