Por otra respuesta municipal a las víctimas sociales de la Covid-19

Estamos padeciendo una situación excepcional, de las de una vez en la vida. Algunos aspectos de ese padecimiento son comunes a casi cualquier persona: la preocupación por nuestra vida o la de los seres queridos, la separación de ellos… En otros, hay grandes diferencias. Hay muchas familias (en realidad hogares, que pueden ser también unipersonales) que antes de marzo ya no tenían ingresos y ahora siguen igual, ya eran víctimas antes de la pandemia. Hay otras muchas que siguen recibiendo sus salarios, pensiones o rentas. Y, otras, que antes se mantenían de su trabajo y ahora han dejado de trabajar y de cobrar. Estas son las víctimas sociales de la Covid-19. Una parte de ellas trabajaba con contrato y accederá a las medidas de protección para quienes pierden el trabajo; otra parte, especialmente abundante en Elx, trabajaba en la economía sumergida y no podrá acogerse a ellas. La diferencia se notará a partir del 10 de mayo, cuando se empiece a cobrar el paro. Ahora mismo, unas y otras comparten que están sin nada.

Puede que algunas tengan patrimonio o ahorros de los que tirar. Como posibilidad existe. Pero la realidad es que la gente que más probable que se haya quedado sin ingresos es precisamente la que trabaja en condiciones más precarias y cobra menos, las familias que ya hacen milagros para llegar a fin de mes (o de la semana si cobran por semanas o días). Hace más de un mes que limpiaron la última casa o cerraron la caja la última vez… El último euro se les acabó hace tiempo.

Frente a esa situación, los ayuntamientos son en nuestra sociedad los responsables de la primera respuesta, la más urgente. Su acción se complementa con la autonómica y la estatal, que, en muchos casos, si no en todos, pasa por financiarlos para que sean quienes atiendan a sus ciudadanas. Es a ellos a quienes se tiene que dirigir la ciudadanía en situación de emergencia social.

¿Cuál ha sido la respuesta del Ayuntamiento de Elx a esta responsabilidad? Han ampliado los bancos de alimentos. Las familias están recibiendo paquetes con pasta, legumbres, arroz, leche… Son recursos que ya están, sea por excedentes agrícolas o por donaciones, y cubren una parte de lo que se necesita. Bien. Pero, ¿y el pan, la fruta, la verdura, los huevos…? El Ayuntamiento además da vales de comida e higiene. Son una mejora. Pero tampoco con eso se come. Para una familia de cuatro, 100 euros para las cinco semanas hasta cobrar el paro. Cinco euros por persona y semana. Yo soy mayor y no puedo comer y lavarme con eso. Sé cuánto comen mis nietos y pienso que les llenaría pocos días el plato con cinco euros, por muchos milagros que hiciera.

Y hace falta dinero. Hay una escena que todas habremos visto alguna vez en la ficción: el personaje se encuentra más o menos lejos de casa, sin un céntimo. Con el bocadillo y la botella de agua, quizá, pero sin dinero para tomar el autobús o llamar por teléfono y pedir ayuda. Una situación de pesadilla. Hoy muchas familias están así en Elx. No están lejos de sus casas -al contrario, están dentro de ellas-, pero sí lejos del momento en que llegue el paro, el ingreso que establezca el estado, o en que vuelvan a su trabajo. ¿Cómo llegar a ese techo económico que está a semanas si no meses de distancia?

Sin embargo, el Ayuntamiento de Elx, prevé exclusivamente vales de comida, en lugar de optar por una prestación económica a las familias, como hace por ejemplo el de Valencia ¿No saben que la gente necesita dinero para pagar el butano, o por si tiene que coger el autobús para una emergencia (o para ir canjear el vale de comida si vive lejos de Carrús), o para recargar el móvil y poder llamar a ver cómo está su madre, o enterarse de los deberes del colegio…? ¿Tan poco conocimiento de su ciudadanía tiene el gobierno municipal?

Creo que esta forma de responder a la emergencia social por la Covid-19 es la manifestación actual de una línea continuada de políticas sociales municipales basadas en dos principios propios del sentido común de la derecha, que no deberían ser los de un ayuntamiento que se dice progresista, y que resumiría en:

• «Recurre a tu familia». El Ayuntamiento seguramente no piensa que de verdad los niños de estas familias solo van a comer pan comprado cada quince días. Seguramente confía en que los abuelos volverán a comprar la fruta o pagar el butano, como en 2008. Pero esto no es así. No todas las familias tienen parientes a quien recurrir, y los abuelos están muy agotados después de doce años de crisis. Pero, sobre todo, tenemos una legislación autonómica y nos hemos dotado de un sistema en que la responsabilidad de que los niños tengan fruta y agua caliente no es de los abuelos sino de la administración. Y lo mismo ocurre con el resto de derechos sociales: dependencia, vivienda…

El deber de la administración, y la cara de ella es el Ayuntamiento, es dar respuesta si ese hogar la necesita. En ningún sitio dice que sea una responsabilidad subsidiaria de la familia extensa. Menos aún que lo que tienen que hacer las familias es asumir deudas con allegados deudas que luego no podrán pagar.

• «Los pobres necesitan un control y una reeducación especial». Por eso las familias en los servicios sociales no son atendidas, como en cualquier otra área de la administración, son intervenidas. Siempre, desde las leyes de pobres de hace siglos al debate sobre el Ingreso Mínimo vital de esta semana, se trata de que los pobres no holgazaneen, pero las víctimas sociales de la Covid-19 hasta marzo estaban trabajando y con lo que cobraban cubrían las necesidades de su familia. Es igual. Hay que sospechar de ellas. Y controlarlas. Porque por lo visto, si no se corre el riesgo de que si no alguna familia compre refrescos o cerveza en lugar de otro paquete de leche. Y para evitar ese riesgo, se opta por que ninguna pueda comprar el pan o la verdura más de una vez cada 15 días. Esto demuestra que no es la alimentación lo que importa sino controlar a los pobres, aunque sean los pobres de la Covid-19, nuevos en la pobreza y esperemos que de paso en ella.

Los ayuntamientos deben hacer políticas sociales de acuerdo con la necesidad de las ciudadanas y ciudadanos, la responsabilidad en su atención que le atribuye la legislación, y la evidencia. No siguiendo la ideología de la derecha, aunque eso guste a una parte de su electorado. Las víctimas sociales de la Covid-19 lo necesitan inmediatamente. Las que ya eran o serán víctimas del sistema en sí, lo seguirán necesitando siempre.

Gloria Marín

Enseñante jubilada. Activista social.