La Fiscalía pide 20 millones de multa a una filial del IVI por contrabando de medicamentos
La sociedad Biomedical importó de Japón unos kits para tratamientos de fertilidad sin contar con el certificado de la CE
Una filial del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), , se enfrenta al pago de una multa de 20 millones de euros por un delito de contrabando de medicamentos. Esta es la petición de pena de la Fiscalía de Valencia. La mercantil supuestamente importaba de manera ilegal unos kits utilizados en tratamientos de fertilidad. Pero no contaban con el sello CE, que certifica que los productos cuentan con todas las garantías de seguridad, eficacia y calidad.
La instrucción, que ha llevado el juzgado de Instrucción 17 de Valencia, se ha demorado por el envío de una comisión rogatoria a Japón. El administrador de la empresa,, se enfrenta a cuatro años de cárcel aparte de otra considerable multa económica, tal y como recoge el escrito de la acusación pública.
La investigación ha concretado la presunta responsabilidad únicamente en este directivo. Sin embargo, para otros responsables de la firma que también fueron investigados en el procedimiento, el ministerio público ha pedido que se archiven las actuaciones porque tras la instrucción, con las declaraciones de testigos y la documentación que obra en la causa, no consta que participaran en la actuación ilegal.
Los hechos se remontan a 2012. , como administrador de la sociedad, decidió importar los citados productos sanitarios. Los compraba a una mercantil japonesa, . Los artículos carecían del marcado CE y, por tanto, no se podían importar ni comercializar en España, aunque no han causado ningún perjuicio a las pacientes. Los kits son medios de vitrificación y conservación de ovocitos y embriones y contienen gentamicina, un producto que les incluye en la clase III.
Antes de comerciar con un producto de estas características se debe comunicar a la. La primera vez que lo hicieron presentaron un certificado que, sin embargo, no podía incluir a los kits bajo sospecha porque estos contenían el citado medicamento. La Agencia alertó a la sociedad de que la documentación no cumplía con los requisitos que exige la Ley. Esto se produjo en febrero de 2013. La firma trasladó entonces que ya habían solicitado el certificado al vendedor japonés. Sin embargo, la mercantil, durante ese mismo año y el siguiente, siguió importando los utensilios a través del aeropuerto de Valencia. En total, en ese periodo, adquirieron mercancía por valor de cinco millones de euros.
Entre la diferente documentación que exigen los responsables de Sanidad para autorizar la entrada de este material, el directivo de Biomedical presentó los mismos documentos sobre los que ya se le había advertido que resultaban insuficientes. Sanidad tardó un año en darse cuenta de que la firma no contaba con el permiso necesario. A finales de 2014, desde el ministerio finalmente se le impide sacar la mercancía de la Aduana precisamente ante la carencia del sello de la CE.
Pese a todo lo anterior, el acusado no desistió en su empeño de seguir importando el citado material «de manera clandestina». En los siguientes envíos, la mecánica utilizada fue camuflar los kits para los tratamientos de reproducción entre otro material que no requería esa autorización. Para ello, siempre según el relato del ministerio público, escondió los artículos entre otros y, además, sustituyó las facturas enviadas por la mercantil nipona por otros documentos creados por el acusado que tenían «el mismo formato» que el fabricante.
Al menos se realizaron tres envíos con esta estratagema por valor de 213.000 euros. En diciembre de 2014, la Aduana bloqueó una nueva remesa de Biomedical. Y allí siguen todavía. El importe es de otros 275.000 euros.
La Fiscalía Provincial de Valencia sostiene que los hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando. Aparte de la multa económica, el cuádruplo del valor de las mercancías (20 millones), el ministerio público reclama que la mercantil sea condenada a que no pueda recibir subvenciones ni ayudas públicas y se le prohíba contratar con la Administración. De igual modo, solicita que se le impida disfrutar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante los tres próximos años.
