ARP reitera la exigencia de rendir cuentas de los sindicatos policiales representativos por ser perceptores de subvenciones públicas

En enero del año pasado desde la Agrupación Reformista de Policías enviamos escrito al Ministro del Interior, entonces el Sr. Zoido, en el que denunciábamos que desde el año 2013 hasta entonces, continuándose igual hasta ahora, la Dirección General de la Policía, no había establecido norma o auditoría a los sindicatos representativos perceptores de subvenciones públicas, pese a las denuncias existentes entre los propios sindicatos, quienes sin ningún tipo de rubor informativo en redes sociales y circulares internas, en algún caso denunciaban que determinados sindicatos, actuaban presuntamente con contabilidades en “B”, deudas casi millonarias, y que determinada organización sindical, pudiera estar recibiendo dinero de algún sindicato de clase, que a su vez recibe subvenciones del Ministerio del Empleo y Seguridad Social.

Dichas sospechas se han ido consolidando en el año transcurrido con procedimientos judiciales abiertos por presunta corrupción a los más destacados o máximos responsables de varios de los sindicatos policiales representativos, como pudieran ser la CEP o UFP, que junto a informaciones que públicamente se han difundido de sobresueldos como los que cobra, de más de mil euros, por ejemplo la máxima dirigente del SUP,  hacen que ARP exija la máxima transparencia sobre las finanzas de dichas organizaciones.

Y no lo hacemos para inmiscuirnos en el desarrollo interno de sindicatos ajenos, sino para que se cumpla el deber de fiscalización y sometimiento al control de las normas conforme establece la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y la Ley Orgánica 9/2015 de Régimen de Personal de la Policía Nacional. Todo ello por la falta de normativa fiscalizadora en la Dirección General de Policía al respecto. Cabe recordar que esta última ley, establece la obligación de un Régimen económico de la organización, que permita a los afiliados conocer la situación económica y acceder al régimen económico de la organización estableciendo el carácter, procedencia y destino de sus recursos.

También apelamos a dicho control porque en breve serán elecciones al Consejo de la Policía, y siempre se ha hecho por parte de los sindicatos representativos, la utilización del ardid y excusa peregrina de la fidelización y promoción de la participación en las elecciones al Consejo de la Policía, efectuándose regalos en una especie de compra de voluntades en “fraude de ley” para conseguir votos que les perpetúen en sus sillones.

Reiteramos que se propicie por el Gobierno entrante una norma interna en la Dirección General de la Policía, que obligue a presentar cada año, la contabilidad, balances, ingresos y gastos de los sindicatos policiales del Cuerpo de Policía Nacional, que reciban subvenciones de cualquier Administración Pública, derivada de su actividad sindical. Y añadimos que con carácter retroactivo hasta el momento de su fundación, exista ley o no, las organizaciones de nuevo cuño que consigan o no consigan representación este año en el Consejo, se comprometan públicamente y permitan tras las elecciones una auditoría externa de sus cuentas.

Por último solicitamos que se prohíba explícitamente desde la DGP y Ministerio del Interior cualquier tipo de regalos o cualquier otra prebenda para la captación de afiliados o votos dirigidos a la obtención de unos resultados favorables en las próximas elecciones al Consejo de Policía. Anunciando desde la Agrupación Reformista de Policías que en caso de que se continúe con esta práctica corrupta se tomarán las medidas necesarias ante Fiscalía y Autoridades Judiciales

Porque en ARP para cambiar las cosas en el mundo sindical policial entendemos que no hay que hacer lo que los demás, sino denunciar, proponer, reivindicar, dar la cara y no dejarse llevar por excusas, inercias, politizaciones y mentiras para conseguir adeptos y simpatías en ejercicios de pueril superficialidad.